El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la propuesta señalando que un país moderno requiere la eliminación de la impunidad para delitos atroces. Además de la enmienda constitucional, la Asamblea Legislativa deberá ajustar el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Contra Actos de Terrorismo para homologarlas con la nueva normativa de la Carta Magna. Cabe destacar que, en enero de 2025, el legislativo ratificó una reforma que permite realizar cambios exprés a la Constitución dentro de una misma legislatura. 'La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas', dicta la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, aprobada en sesión plenaria por 59 de los 60 diputados que integran el órgano legislativo. Tras su aprobación, que se efectuó sin estudio ni debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma en una nueva sesión plenaria para que el texto constitucional sea modificado oficialmente. Con este mecanismo, el oficialismo ha logrado avalar medidas como la elección presidencial indefinida. Esta propuesta de penas perpetuas surge a pocos días de que El Salvador cumpla cuatro años bajo el régimen de excepción, implementado en marzo de 2022. La iniciativa pasó a la Comisión Política para su análisis formal antes del aval definitivo. La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, explicó que esta medida tiene como objetivo aplicar la cadena perpetua a personas que pertenezcan a las pandillas, así como a responsables de homicidios, feminicidios y violaciones. La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua de prisión para homicidas, violadores y terroristas. 'Esta reforma es la garantía de quienes sembraron el terror jamás vuelvan a caminar por nuestras calles', enfatizó. En un hecho inédito, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) sumó sus votos a esta iniciativa oficialista. Bajo este marco legal, se han capturado a más de 91,300 personas vinculadas a grupos criminales. 'Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La propuesta, emanada del Gobierno del presidente Nayib Bukele, deberá ser ratificada en una sesión posterior. No obstante, defensores de derechos humanos han alertado sobre la muerte de al menos 500 detenidos bajo custodia estatal.'
